La justicia británica asestó este martes un golpe importante al primer ministro Boris Johnson al considerar "ilegal y sin efecto" su decisión de suspender el parlamento hasta los días previos al Brexit, tras lo cual se multiplicaron los llamados a su dimisión.
Johnson, que se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, afirmó estar "profundamente en desacuerdo con lo que los jueces dictaron".
"No cabe duda de que hay mucha gente que quiere frustrar el Brexit", denunció. Sin embargo, "éste es obviamente un veredicto que respetaremos", aseguró el mandatario británico.
Tras tres días de vistas y cuatro de deliberación, once jueces de la Corte Suprema de Londres dictaminaron unánimemente la suspensión parlamentaria como "nula y sin efecto".
La decisión de "suspender el parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable", afirmó la presidenta de la Corte, Brenda Hale.
En consecuencia los diputados volverán al trabajo el miércoles por la mañana, anunció el presidente de la Cámara de los Comunes, el conservador John Bercow, quien había denunciado la medida como un "ultraje constitucional".
Y cuanto se reúnan de nuevo, se anuncia un terremoto político para el controvertido primer ministro, en el poder desde finales de julio.
"Debemos hacer que el gobierno rinda cuentas de sus acciones. Ahora Boris Johnson debería dimitir", afirmó el diputado nacionalista escocés Ian Blackford, mientras a las puertas de la Corte Suprema un grupo de manifestantes coreaba "¡Johnson fuera, Johnson fuera!" y un hombre caracterizado como el primer ministro y vestido de preso agitaba una pancarta que decía "¡Culpable!".
También desde el congreso anual del Partido Laborista en Brighton, el líder de la oposición Jeremy Corbyn llamó al primer ministro a renunciar.
Este dramático golpe se suma a los reveses recibidos por Johnson en las últimas semanas. Antes de la suspensión parlamentaria, sufrió una rebelión entre los diputados conservadores, perdió la mayoría absoluta, vio aprobada una ley que le obligaría a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit y denegada su propuesta de elecciones anticipadas para salir del bloqueo.
Las dos cámaras del parlamento británico vieron sus labores suspendidas durante cinco semanas, entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, o sea, hasta solo dos semanas antes del Brexit.
Johnson afirmó que el receso era necesario para preparar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno pero que suele prolongarse solo unos diez días.
Pero diputados y activistas proeuropeos lo acusaron de haber tomado esta medida para amordazar a sus detractores y conducir al Reino Unido hacia una salida sin acuerdo de la Unión Europea el 31 de octubre.
La suspensión provocó una ola de manifestaciones y varias demandas judiciales que desembocaron en recursos ante la Corte Suprema después de que un tribunal de Edimburgo y otro de Londres dictasen sentencias contradictorias.
Dada la importancia de la cuestión, la Corte Suprema puso en el caso a once de sus doce magistrados, el máximo posible para evitar un empate. Los once magistrados escucharon la semana pasada los argumentos de los demandantes y de los abogados del gobierno.
El ejecutivo defendió por su parte que no correspondía a la justicia pronunciarse sobre la suspensión parlamentaria, dado que la decisión del primer ministro era "fundamentalmente de naturaleza política" y pertenecía "al terreno del juicio político, no las normas legales".
Las opciones del gobierno británico
Una nueva legislación aprobada por los Comunes antes de decretarse el cierre parlamentario obliga ahora a Johnson a solicitar a la Unión Europea una nueva prórroga del "Brexit" -previsto para el 31 de octubre- en caso de que Londres y Bruselas no alcancen un acuerdo antes del 19 de octubre y de que los diputados no voten a favor de una salida abrupta.
En un primer caso hipotético, el jefe del Ejecutivo podría acatar esa nueva legislación, que le obliga a pedir un retraso del "brexit", aunque Johnson ha insistido en que preferiría estar "muerto en una zanja" antes que solicitar una prórroga.
En caso de una solicitud, Bruselas podría aprobar esa petición y fijar una nueva fecha de salida de este país del bloque comunitario.
Hipotéticamente, la UE podrían también rechazar la solicitud de un nuevo retraso. Esa negativa daría lugar, entonces, a tres situaciones distintas: un "brexit" duro (sin pacto), un "brexit" con acuerdo -negociado antes del 31 de octubre- o una moción de confianza contra el Gobierno.
En un segundo escenario hipotético, el Gobierno de Johnson podría ignorar la citada nueva ley, pero se enfrentaría a un proceso legal por incumplir la legislación.
En una tercera (e improbable) situación, el primer ministro podría presentar su dimisión, si bien fuentes oficiales rechazaron esa posibilidad.