El 18 de julio de 1994, horas después de que una bomba demoliera el edificio de la mutual AMIA, se abrió la causa penal que 25 años después continúa sin establecer quiénes ejecutaron el atentado más letal de la historia argentina.
El expediente de la causa que acumula unas 300.000 fojas, un laberinto en el que se cruzan burdas maniobras de encubrimiento, torpezas e impericias, y pujas de intereses geopolíticos internacionales.
"El principal sospechoso del atentado podría estar en el Líbano", dijo el fiscal de la UFI AMIA, Sebastián Basso, quien ocupa el cargo de Alberto Nisman y sigue su misma hipótesis: el brazo armado del grupo libanés Hezbollah ejecutó la acción financiado por Irán. Para el juez de causa, Rodolfo Canicoba Corral, esto "se trata solo de una hipótesis".
Así, la causa judicial está empantanada. Los cinco iraníes y el ciudadano libanés imputados se niegan a ser indagados en la Argentina, mientras la fiscalía no parece aportar demasiadas certezas. “Hay un grupo de terroristas que vino a hacer el atentado, muchos de los cuales no están todavía identificados”, señaló Basso.
Archivos desclasificados
El exsenador radical Mario Cimadevilla fue nombrado en 2016 por decreto del presidente Mauricio Macri al frente de una unidad especial de investigación del atentado. En marzo de 2018, esa unidad fue disuelta.
Cimadevilla presentó recientemente un informe con duras críticas. "La pista iraní es muy débil, pero hay que investigarla. Así y todo, Estados Unidos e Israel prefieren que persista el manto de dudas sobre los iraníes a que se avance a fondo para conocer si realmente tuvieron algo que ver. Y el Gobierno Nacional en esto, se coloca bajo la mirada que tiene Estados Unidos", sostuvo.
"Aunque un papel iraní se da generalmente por sentado, no hay evidencia dura del mismo y el caso del gobierno argentino se basa principalmente en el testimonio del desertor iraní Manoucher Moatmer, que carece de credibilidad nacional e internacional", dijo el exembajador en la Argentina, James Cheek, según figura en archivos desclasificados de los Estados Unidos.
Expediente manchado
El primer juez de la causa fue Juan José Galeano. Lo acompañaron los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; en 1997, Nisman se sumó como adjunto. Ya entonces se había insinuado la pista iraní, aunque el foco fue puesto en un grupo de policías bonaerenses.
Este primer tramo de la causa AMIA terminó de la peor forma. En 2003, llevado el expediente a juicio, el tribunal consideró nulo todo lo actuado. Y más: se abrió otra causa judicial, esta vez contra el juez Galeano y los fiscales (menos Nisman), lista que incluyó al expresidente Carlos Menem, entre otros.
Galeano fue acusado de pagarle 450 mil dólares al vendedor de autos usados Carlos Telleldín para que acusara a policías bonaerenses como responsables del atentado. Telleldín fue procesado en agosto de 1994 por su relación con la camioneta Trafic. La hipótesis de la causa judicial sigue afirmando que en ese vehículo se colocó el explosivo letal.
En febrero pasado, el juicio por el encubrimiento tuvo su cierre: el exjuez Galeano fue encontrado culpable, al igual que los exfiscales, el ex SIDE Hugo Anzorregui, entre otros, y fueron absueltos Menem, el extitular de la DAIA Rubén Beraja y el comisario de la Policía Federal, Jorge "Fino" Palacios.
Ese juicio tampoco fue ajeno a las polémicas: la diputada Elisa Carrió, agrupaciones de familiares de las víctimas y el radical Cimadevilla protestaron la decisión del ministro de Justicia, Germán Garavano, de retirar las acusaciones contra los fiscales Mullen y Barbaccia, a quienes la Justicia encontró culpables.
Nisman
Galeano había sido apartado de la causa en diciembre de 2003 y su lugar fue ocupado por Canicoba Corral. En 2004, el expresidente Néstor Kirchner creó una unidad fiscal especial para investigar el atentado. Alberto Nisman fue nombrado su titular.
La "UFI AMIA", rápidamente, en tándem con el jefe de operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso, apuntó la investigación hacia la llamada "pista iraní". La investigación, se supo, se construyó en base a informes aportados por organismos de inteligencia de distintos países.
Ya durante el final de la etapa Galeano, se había pedido la captura internacional de un grupo de iraníes. En 2003, por segunda vez, Hezbollah emitió un comunicado negando su vinculación con el atentado.
Nisman dejó de lado la llamada "pista siria", relacionada al tráfico de armas entre ciudadanos sirios ligados al entorno de Menem. Y 2006, presentó otro escrito apuntando a Irán y Hezbollah. Canicoba Corral pidió la captura internacional de ocho iraníes. En 2007, Interpol ordenó el pedido de captura internacional -las alertas rojas- contra seis de esos imputados.
En 2013, Nisman produjo otro documento con acusaciones contra Irán. El juez le exigió nuevos elementos de prueba. Grupos de familiares de las víctimas empezaron a hacer públicas sus quejas contra la investigación de Nisman: "Es público y notorio que ha utilizado los enormes recursos que ha tenido su fiscalía para fines que nada tienen que ver con el esclarecimiento de la masacre", dijo Memoria Activa.
En 2013, con el argumento de destrabar la situación judicial, el canciller Héctor Timermann anunció un acuerdo con Irán, para que los imputados iraníes sean juzgados en ese país. Esto fue al Congreso, que lo aprobó.
Dos años después, el fiscal Nisman denunció que detrás el memorándum se estaba negociando la impunidad de los acusados. Días después, el 18 de enero, el fiscal apareció muerto de un balazo. Su denuncia, pese a ser rechazada en primeras instancias judiciales, finalmente fue admitida y actualmente hay un proceso en trámite, a cargo del juez Claudio Bonadio. La expresidenta Cristina Fernández está entre los imputados.
El fiscal Basso dice que se están analizando documentos de inteligencia desclasificados del Estado argentino; también que se sigue al ciudadano libanés Salman Salman, como presunto autor del atentado, a quien el juez Canicoba Corral pidió su captura internacional.
"Estamos a 25 años de injusticia. La impunidad lo único que trae es más impunidad", resumió Jorge Knoblovitz, titular de la DAIA. "25 años de probada impunidad", es la consigna de Memoria Activa. Todo indica que en 2020, frente a un nuevo aniversario, la palabra impunidad volverá a repetirse en las crónicas.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.